La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) califica como «denegación de justicia», «una ofensa a las víctimas y una revictimización» la posición del Gobierno de Boric ante rebaja de pena de Cheyre
Tras la divulgación de la comunicación enviada por el Gobierno de Boric al sistema interamericano, en la que toma la posición de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no puede revisar la rebaja de pena concedida a Juan Emilio Cheyre en el año 2023 en su sanción por su participación en la «Caravana de la Muerte», numerosas organizaciones de derechos humanos y medios alternativos divulgaron el repudio a la posición gubernamental. Entre ellas, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) emitió una declaración pública en la que la califica como «una denegación de justicia» y «una ofensa a las víctimas y una revictimización», manifestando «su total y profundo rechazo».
A continuación, la declaración de la AFEP:
Declaración Pública
La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, (AFEP) no puede guardar silencio, en relación a la respuesta del gobierno del presidente Boric, a una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la pena aplicada a Emilio Cheyre por 15 homicidios calificados y reiterados, manifestamos lo siguiente:
Que el gobierno del presidente Gabriel Boric ha solicitado se rechace una denuncia contra el estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos humanos por violación de la Convención Americana de Derechos humanos, sentimos que es una denegación de justicia, a 52 años del Golpe Civil Militar.
Con ocasión de la pena aplicada al General de Ejército y ex Comandante en jefe del Ejército, Emilio Cheyre, por la ejecución de Óscar Aedo Herrera, Carlos Alcayaga Varela, José Eduardo Araya González, Marcos Barrantes Alcayaga, Jorge Abel Contreras Godoy, Hipólito Pedro Cortés Álvarez, Óscar Armando Cortés Cortés, Víctor Fernando Escobar Astudillo, Roberto Guzmán Santa Cruz, Jorge Mario Jordán Domic, Manuel Jachadur Marcarián Jamett, Jorge Osorio Zamora, Jorge Washington Peña Hen, Mario Alberto Ramírez Sepúlveda y Gabriel Vergara Muñoz, ocurridas en el año 1973, en uno de los episodios criminales de la denominada Caravana de la Muerte, durante la dictadura de Pinochet.
Emilio Cheyre fue condenado por sentencia firme del año 2023 a la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo, en calidad de cómplice de los homicidios reiterados y calificados de las 15 personas antes mencionadas, otorgándole el beneficio carcelario de la libertad vigilada, de manera que no cumple de manera efectiva la pena privativa de libertad.
La denuncia sostiene que Cheyre en el año 2023, no fue condenado a una pena proporcional a la gravedad de los hechos, 15 homicidios calificados y reiterados, y que esa pena configura un agravio a la garantía de no repetición.
El gobierno solicitó la inadmisibilidad o rechazo de la denuncia por estimar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no tiene competencia para conocer de los hechos de esta denuncia por la época en que ocurrieron. Los hechos denunciados ocurrieron y se materializaron como violatorios de la Convención Americana al condenar, a Emilio Cheyre en el a año 2023, a una pena de 5 años con libertad vigilada por 15 homicidios calificados y reiterados.
Manifestamos nuestro total y profundo rechazo a la respuesta del Gobierno consideramos que es una ofensa a las víctimas y una revictimización, porque elude la cuestión de fondo y el control de convencionalidad, respecto de una sanción penal ignominiosa por la falta de proporcionalidad, por hechos calificados como crímenes de lesa humanidad, además esta respuesta es constitutiva de una violación flagrante de la garantía de no repetición, y de una pobre valoración de la defensa y promoción de los Derechos Humanos.
Llamamos al gobierno a legislar para terminar con la Media Prescripción que se aplica en Crímenes de Lesa Humanidad hasta hoy. El Estado Chileno fue condenado por la CIDH, en marzo de 2024 contra la aplicación de la Media Prescripción en causas de Violaciones de DDHH de la Dictadura Civil Militar, por lo cual es urgente legislar lo antes posible, tanto la Media Prescripción y el Decreto Ley 2.191 de 1978 de la Dictadura, Amnistía que aún está vigente.
Verdad, Justicia y Memoria
Fuente: sitio de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, AFEP.
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