Desde Cúcuta y Puerto Príncipe a Colchane y Texas: La política exterior de los estados de Chile y Estados Unidos, las causas de la crisis migratoria y de la barbarie xenófoba antimigrante
¿Cómo se relaciona la crisis migratoria actualmente desatada en Chile, y los alineamientos políticos y posiciones geopolíticas de nuestro país? El tema es más crucial de lo que pudiera pensarse, sobretodo cuando se considera, como sostienen las elites y sectores dominantes, que las pesonas se mueven «desde países con gobiernos malos a países con gobiernos buenos».
Al contrario, lo que sucede es que los flujos migratorios se deben en muy alta medida a las políticas y acciones tomadas por aquellos países que terminan recibiéndolos. Así, Estados Unidos, con sus políticas y acciones de agresión y sometimiento político y económico hacia América Latina y el Caribe, termina recibiendo el flujo migratorio de los países más afectados por la subordinación geopolítica que padecen (que incluye, como los pueblos de América recuerdan, golpes de estado, acciones de desestabilización, bloqueos y sabotajes económicos, acciones militares y paramilitares, y un trágico etcétera).
De la misma forma, Europa occidental ha recibido en las últimas décadas, y hasta el presente, el flujo migratorio de las regiones más directamente sometidas a su poder geopolítico, principalmente los pueblos de distintos países y regiones de África y de Asia Occidental o Medio Oriente, con el ejemplo mayor en los últimos años de Siria, el país con más migraciones forzosas y refugiados de todo el mundo en la actualidad, víctima de una guerra cuyos causantes están de manera protagónica ubicados en el mando de los países de la Unión Europea y de Estados Unidos (o dicho de otro modo: la OTAN).
Lo mismo puede decirse, para mencionar otros países, de lo que ha ocurrido con Libia, Iraq, o en la actual guerra en Yemen, esta última, una guerra aún en curso y digitada por las monarquías absolutas que el gobierno de Estados Unidos y el resto de la OTAN sostienen y les son fuerzas aliadas en el Oriente Medio, como Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos.
¿Qué tiene que ver Chile en aquello? ¿Cómo se relaciona el supuestamente positiva «solidez y estabilidad» macroeconómica chilena (el imán de atracción para la migración), con las posiciones de política internacional y geopolítica del Estado de Chile? Pues mucho. Parte importante del «milagro macro económico» chileno ha sido producido por su alineamiento y sujeción al programa neoliberal, y en términos de lo geopolítico, al dominio de los capitales transnacionales enlazados a los gobiernos de Estados Unidos, la Unión Europea, la OTAN, y sus extensiones de diverso tipo (dos ejemplos de distinto tipo: las elites y oligarquías latinoamericanas nucleadas en la OEA, o la Commonwealth británica).
Es por ello que el argumento que intenta defender el «modelo chileno» haciendo referencia a las migraciones que recibe nuestro país desde el exterior, como si éstas fueran prueba de sus efectos positivos, omite este elemento central: El férreo alineamiento de los sucesivos gobiernos de Chile a las posiciones políticas y geopolíticas de los países centrales de lo que se conoce como «Occidente» (básicamente Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea), son un elemento central en la supuesta «solidez macroeconómica» chilena, y son precisamente esos dos factores, estrechamente vinculados, los que explican los flujos migratorios recientes hacia territorio chileno: el del alineamiento político y geopolítico, y el de las características macro económicas del «modelo chileno».
El seguidismo de la política exterior de los gobiernos de Chile a la geopolítica estadounidense
Cúcuta, febrero de 2019. El presidente Piñera viaja a la ciudad colombiana fronteriza con Venezuela y capital del Departamento de Norte de Santander, en el marco de una operación presentada como «humanitaria» pero que, como denuncia el Gobierno de Venezuela y organizaciones y medios populares, se inserta en una acción de intervencionismo y desestabilización. Un mes antes, Juan Guaidó se había proclamado Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, con el apoyo de un puñado de países y del grueso de las empresas privadas de comunicación masiva.
Organizaciones humanitarias como la Cruz Roja Internacional, o Cáritas, o las autoridades ONU, descartan participar de la operación, por considerarlas no merecedoras del calificativo de «humanitarias». Invocan las correspondientes convenciones internacionales acerca de este tipo de acciones, y por cierto, requisitos y principios esenciales para considerar a una acción como de «asistencia humanitaria», no se cumplen, entre ellos, la cooperación con el Estado receptor, o el cumplimiento de los principios de neutralidad. Sin embargo, el gobierno de Chile envía productos que, declara el decreto presidencial, es más de 100 millones de pesos, más varios costos operacionales por el avión y personal de la Fuerza Aérea de Chile.
La operación de entrada a la fuerza fracasa estrepitosamente. Los «guarimberos» opositores venezolanos intentan en largas horas de asedio en el puente fronterizo ingresar «a las malas», sin lograrlo. En el medio de las continuas bombas molotovs que lanzan hacia las líneas de la Guardia Nacional Bolivariana, un par de camiones con la supuesta ayuda, resultan quemados. Toda la red de empresas privadas de comunicación masiva acusan que «la policía de Maduro quema la ayuda humanitaria».
El gobierno venezolano muestra pruebas de que tal acusación es falsa, y medios alternativos, populares, y la cadena teleSUR, difunden de inmediato la verdad acerca de ese suceso en particular, y varios otros que muestran la patética intentona de la oposición venezolana en esta ocasión encabezada por el partido «Voluntad Popular». Dos semanas después, el «New York Times» reconoce la falsedad de la información antes divulgada por la casi totalidad de los medios privados de comunicación masiva.
En un suceso que muestra trágicamente el patetismo de la operación intervencionista, el mismo día de los hechos en el Puente fronterizo Francisco de Paula Santander (23 de febrero de 2019), y tras el concierto «Venezuela Aid Live» (el día anterior, viernes 22 de febrero), a primeras horas de la madrugada, el diputado de Voluntad Popular, uno de los dirigentes a cargo del conjunto de operaciones políticas, comunicacionales, paramilitares y hasta militares desplegadas en torno a la frontera colombo-venezolana durante esos días, termina hospitalizado grave por una sobredosis de drogas proveída por prostitutas, mientras que su primo que lo acompañaba, fallece.
Algunas semanas después, quedó claro para todos el que el dinero recolectado en el supuesto «evento humanitario» había sido apropiado de distintos modos por personas vinculadas a la operación, cuestión que denunciaron medios opositores como «Panam Post» y otras referencias de la oposición venezolana como la periodista Patricia Poleo y su programa «Factores de Poder», y que motivó una nueva controversia en la siempre convulsa oposición venezolana, repleta de intensas reyertas y conjuras internas, en esta ocasión, por el destino de los dineros recolectados en la campaña «de asistencia humanitaria», y donde, según consta, terminó siendo apropiado por el círculo de Juan Guaidó.
Ya en junio de 2019, en la citada nota el medio de derechas Panam Post bajo título «Enviados de Guaidó se apropian de fondos para ayuda humanitaria en Colombia», denunciaba: “Facturas que demuestran excesos y, varias, extrañísimas, de diferentes talonarios, firmadas el mismo día y con estilos de escritura idénticos. Casi todas sin sello. Gastos de más de 3 000 000 de pesos en hoteles colombianos y en discotecas, por noche. Unos mil dólares en bebida y comidas. Gastos de ropa en carísimas tiendas de Bogotá y en Cúcuta. Reportes de alquiler de vehículos y pagos en hoteles a sobreprecio (…) Plata que fluía. Mucha plata. (…) Inteligencia colombiana fue la primera en precisar la anomalía (…) Barrera, designada por Guaidó, empezó a desarrollar todo un entramado para malversar fondos relacionados a la ayuda humanitaria y la manutención de los militares en Cúcuta”.
En marzo del presente año, la propia USAID, entidad a cargo de la asistencia humanitaria del Estado de Estados Unidos, terminó reconociendo que las operaciones realizadas por su gobierno y una serie de gobiernos más, no se ajustaron a los principios de de neutralidad, imparcialidad y necesidad que son esenciales a las operaciones humanitarias.
Por su parte, como hoy todo el mundo puede constatar, Juan Guaidó nunca fue un «presidente encargado» de nada, no hubo tal cosa como un «gobierno interino», salvo que ha sido un montaje de una estructura de funcionarios del entorno de Guaidó y una significativa participación de dirigencias del partido «Voluntad Popular». En el caso chileno, puede recordarse el reconocimiento de «la embajadora encargada del Gobierno interino en Chile», Guarequena Gutiérrez, quien terminó renunciando en junio de 2020 a su cargo, apoyado por las derechas, la buena parte de la ex Concertación, y el propio Gobierno y Cancillería de Piñera, argumentando problemas económicos para sostener su «embajada encargada».
Pero más allá de toda esa serie de irregularidades, ilícitos y delitos de todo orden implicados en esta trama larga de desarrollar aquí, lo relatado ha sido una pieza clave en la intensificación del asedio y la agresión directa y multiforme contra la República Bolivariana de Venezuela y su pueblo, incluyendo en eso una brutal agresión económica que involucra bloqueo y robo de cuantiosos activos del Estado venezolano, acciones de carácter militar o paramilitar como los intentos de magnicidio o de entrada de bandas mercenarias para ejecutar acciones al interior del país, normativas extraterritoriales que bloquean las posibilidades de actividades comerciales normales, y otras tantas más que configuran un cuadro de asedio económico que explica, como ocurriría con cualquier país sometido a tal nivel de asedios externos, la actual masiva migración venezolana suscitada en los últimos 5 años.
El supuesto «reconocimiento» otorgado por un puñado de países encabezados por el gobierno de Estados Unidos, secundado por buena parte de los gobiernos de nuestra América en un momento de reflujo de los gobiernos progresistas y de izquierdas, y de la totalidad de los gobiernos de los países de la Unión Europea, queda como una de las acciones más irregulares y patéticas en las relaciones internacionales de la historia mundial reciente, y le arroja un cuantioso costo económico, social y humano al pueblo venezolano que es comparable o analogable al de una guerra. No por nada, se han utilizado conceptos como la «guerra híbrida» o «guerra no convencional» para nombrar este nuevo tipo de agresión, que, por cierto, incumple un sinnúmero de los principios y las reglas más elementales de las relaciones internacionales y el sistema de Naciones Unidas.
De hecho, desde hace un tiempo funciona a nivel ONU la Relatoría de las Naciones Unidas para el Impacto Negativo en los Derechos Humanos de las Medidas Coercitivas Unilaterales impuestas por los países dominantes señalados, y que viene informando los graves efectos de estas acciones. Hoy a cargo de Alena Douhan, Venezuela ocupa un lugar central de estas agresiones que también involucran a otros países que, una serie de razones, les resultan incómodos a los países que las imponen, presentándolos como hostiles y amenazantes, como precisamente ocurrió con la «National Emergency Act» con Venezuela (legislación dictada en 58 ocasiones por los gobiernos de Estados Unidos). En otras palabras, la puesta en práctica de la Constitución y legislación imperial de los Estados Unidos ha implicado una violación al Derecho Internacional y contra Venezuela, como asimismo ha ocurrido por décadas con Cuba.
En tal contexto, la migración venezolana precisamente se dispara en el tiempo en que la agresión externa multidimensional se intensifica al punto de llegar a esta especie de «guerra híbrida», con la imposición de las medidas coercitivas unilaterales (las mal llamadas «sanciones») impulsadas por el gobierno de Estados Unidos, en especial, desde su «Ley de Emergencia Nacional» de 2015 que declara a Venezuela como una «amenaza» para Estados Unidos, acción decretada por el Gobierno de Barack Obama, en una tendencia de intensificación de la agresión a Venezuela que luego se acrecentó durante el gobierno de Donald Trump.
La política migratoria del Estado de Chile en los últimos años
La participación en los eventos de febrero de 2019 en Cúcuta se da en el marco de una política exterior que pone a la cuestión venezolana como uno de sus puntales, polarizando constantemente con el Gobierno de Venezuela, y la participación activa en el llamado «Grupo de Lima».
Entre las tantas muestras de utilización de la situación de Venezuela para fines internos, el gobierno de Piñera había anunciado en abril de 2018 (en su primer mes de gobierno) el otorgamiento de una «visa de responsabilidad democrática» particular a las y los migrantes provenientes de Venezuela, haciéndose parte del relato que con no poco éxito logra instalar la política injerencista ejecutada y promovida por el gobierno de Estados Unidos, que coloca a una «falta de democracia» en Venezuela la causa de la salida masiva de personas desde territorio venezolano a otros países, omitiendo el efecto de las propias acciones de agresión y sabotaje a la economía venezolana que se acrecentan en este período.
A su vez, y más recientemente, tomando una postergada reforma a la legislación migratoria chilena (redactada como muchas normas, por la dictadura militar), Piñera y las derechas logran en el Congreso Nacional el fin del proceso legislativo para una nueva Ley de Migraciones y Extranjería, y ésta se promulga en marzo. Esta nueva ley bajo la justificación de una regulación migratoria y de la idea de «ordenar la casa», pone condiciones que cumplir y un plazo para la regularización, que se cumple el próximo 17 de octubre.
Entretanto, la llegada de venezolanos ha seguido creciendo, ya no tanto por la salida desde Venezuela, si no que desde otros países, con un alto número de personas en situación de precariedad y necesidad de movilidad atendida la incapacidad de los respectivos países por recibirlos. Como es sabido, la situación económica y social de la pandemia provocó nuevos problemas para los sectores populares, y entre los sectores más pobres, la población migrante está entre los más precarizados y vulnerables.
En ese contexto, Colchane, ciudad fronteriza con Bolivia, se convierte en lugar referencial para el paso de miles de migrantes, con una crisis que alcanza niveles inéditos en los primeros meses del presente año 2021.
Por su parte, otra de las comunidades migrantes más grandes del país, la proveniente de Haití, acusa la extrema dificultad que les representa el cumplir con las condiciones puestas por la nueva ley migratoria, en particular por una solicitud de antecedentes que requieren tramitar con el propio Estado haitiano, cuya precariedad permanente y agravada en los últimos meses por el asesinato del presidente Jovenel Möise por una banda de mercenarios colobianos en una aún no esclarecida del todo operación magnicida, les pone en una situación de amenaza de una pronta ilegalización.
Hace unos días, circularon por todo el mundo las imágenes de cómo la USBP, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, acorralaba con caballos y detenía a migrantes principalmente haitianos, en Del Río, en Texas, ciudad fronteriza con la Ciudad Acuña, México. Se trata de una columna de migrantes de unas 13 mil personas, la mayor parte de ellas provenientes de Chile y Brasil.
Los datos muestran que la migración haitiana no sólo se ha detenido en los últimos 3 años, si no que ha habido más migraciones de personas de nacionalidad haitiana hacia el exterior de Chile que nuevos ingresos, lo que muestra el agravamiento de la precarización de una comunidad migrante particularmente vulnerable.
Como se muestra en este gráfico, la migración haitiana hacia Chile va creciendo desde el 2010 progresivamente, para dispararse a partir de los años 2014-2015, particularmente por la política migratoria dirigida a las personas de ciudadanía haitiana por parte del segundo Gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018), que a su vez, dice directa relación con la participación del Estado de Chile en la intervención en el escenario interno haitiano, secundando en esto a la sistemática injerencia estadounidense (y de los otros países occidentales dominantes) en Haití.
Un dato para nada menor, y que muestra el vínculo entre la política exterior de los gobiernos de Chile y las causas de la migración hacia Chile desde ciertos países: Fue en el 2004, Gobierno de Ricardo Lagos, con Bachelet entonces de Ministra de Defensa, que el gobierno y el Estado chileno apoyó el Golpe de Estado y operación intervencionista contra el gobierno democráticamente electo Jean Bertrand Aristide, iniciando una nueva etapa de desestabilización, intervención, y en la práctica, ocupación de Haití en manos de la misión internacional MINUSTAH (Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití).
La mencionada nueva Ley de Migraciones y Extranjería (n°21.325) impuso un regresivo proceso de regularización extraordinaria para migrantes en su artículo Octavo Transitorio, cuyo plazo vence el 17 de octubre del presente año, suscitando una aceleración de la salida de ciudadanía de nacionalidad haitiana del país. Para mayor gravedad, el Reglamento de la nueva Ley aún no ha sido emitido por el Poder Ejecutivo, salvo en lo referido al procedimiento de regularización extraordinaria. Dada esa pasividad de parte del gobierno de Piñera, la legislación migratoria actualmente vigente sigue siendo el del Decreto Ley Nº1094 de 1975, salvo, en aquella parte de la nueva ley que es de las más regresiva en derechos para la población migrante, es decir en el mencionado procedimiento extraordinario, para el que sí ya se dictaron y publicaron sus normas reglamentarias.
Junto con ello, el reforzamiento militar de las fronteras norte de Chile, las sucesivas expulsiones colectivas ordenadas por el gobierno de Piñera en los últimos meses, y la creciente diseminación de un discurso de discriminaciones, termina de cerrar un oscuro cuadro de vulneraciones y violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes en el país.
En el contexto descrito, las barbáricas acciones vistas en la ciudad de Iquique en el sábado recién pasado, son también la consecuencia de políticas exteriores irresponsables, seguidistas y de agresión, del desprecio y la vulneración de los derechos de los pueblos y las personas, y de la manipulación y mentira que se han instalado con una fuerza casi incontrarrestable sobre escenarios políticos y sociales de países que han sufrido, en carne propia, de una geopolítica y unas políticas que constituyen violaciones graves, masivas y generalizadas a derechos humanos de las personas y a los derechos colectivos a la soberanía y al desarrollo de sus pueblos.
