Gobierno de Piñera contrata a empresa de guardia de Pinochet y Aylwin para la seguridad de la Convención Constitucional e impone su control sobre transmisión de sus sesiones
La Secretaría Administrativa de la Convención Constitucional, designada por el Gobierno de Piñera mediante su Secretaría General de la Presidencia, informó que se han estado adjudicando las licitaciones que estableció el gobierno en diversas materias sobre el funcionamiento de la Convención, entre ellas, la relativa a la seguridad, y a la transmisión de las sesiones. Más de 37 procesos de contratación están en curso, y mediante la plataforma pública de «Mercado Público» se han abierto 12 licitaciones, 5 de ellas ya adjudicadas.
Particular polémica han suscitado dos de las licitaciones adjudicadas. La primera, es que la empresa de seguridad que se ha contratado tiene como Gerente de Operaciones a Luis González Pérez, ex carabinero que integró el Grupo Guardia Presidencial en los últimos años de la dictadura militar y bajo el período de Patricio Aylwin, y sería quien estaría a cargo de los operativos de seguridad de la Convención. La empresa, además, está integrada por sus hermanos Marco González Pérez (Gerente General), Marco Antonio Gonzalez M. (Gerente de Administración y Finanzas), y Cesar Gonzalez S. (Jefe de Dpto. Área Legal). Toda una empresa familiar (Ver en web de Incar Seguridad).
El gasto en seguridad contratado con esta empresa, ascendiente a unos 500 millones de pesos, prácticamente igual al monto del presupuesto destinado al ítem de “participación ciudadana”.
En la otra arista que ya ha suscitado polémica, el servicio de transmisión fue contratada con la empresa Mediastream S.A., en un contrato donde se señala expresamente que las transmisiones de la Convención Constitucional tendrán que ser autorizadas por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, algo que ya ha sido controvertido y rechazado por no pocos constituyentes.
Todo esto, en un escenario general en el que está en cuestión los términos en los que se regulará la actividad de la Convención Constitucional, con el debate acerca de su Reglamento de funcionamiento, el quórum con los que tendrá que funcionar y tomar sus decisiones, y todas las condiciones con las que desarrollará su función.
De este modo, nuevamente, con estos condicionamientos impuestos por el Gobierno de Piñera se muestra la disputa de poder que habrá entre los poderes constituidos, y la instancia constituyente de la Convención.
