La impunidad a favor de Julio Ponce Lerou: Corte Suprema rebaja su multa a 3 millones de dólares en «Caso Cascadas»
La Corte Suprema dictó este viernes la sentencia final sobre el «Caso Cascadas», investigación administrativa que había implicado la mayor multa en la historia de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), en su momento, de 62 millones de dólares, al principal accionista de SQM, la minera privada del litio privatizada por la Dictadura de Pinochet a favor del yerno de éste, Julio Ponce Lerou.
Julio Ponce Lerou había recurrido al Tribunal Constitucional, el que el año 2018 había señalado como «inconstitucional» la norma que permitió a la Superintendencia de Valores y Seguros la dictación de la multa de 62 millones de dólares. En el fallo de la Corte Suprema, se le rebaja a 3,3 millones de dólares la multa a Ponce Lerou.
Se le llamó «cascadas» por la cadena de empresas que concatenadas unas con otras, permitió la realización de compraventas de acciones «cruzadas» entre empresas del mismo propietario, con algunos «palos blancos», con el objeto de mostrar balances comerciales favorables, para acceder a líneas de crédito. Esto, con perjuicio de los accionistas minoritarios, entre los que se encuentran todas y todos los cotizantes del sistema de AFPs.
¿Cómo se hizo Ponce Lerou dueño de la empresa antes estatal, Soquimich?
Julio Ponce Lerou era un funcionario público de la Dictadura, miembro de la Comisión de Venta de Activos, encargada de vender las empresas estatales y sus filiales. En este periodo fue nombrado gerente de varias empresas estatales y Gerente General de la CORFO, adquiriendo luego la empresa estatal Soquimich, con el inicio de su privatización en 1982.
En Soquimich ejerció como gerente comercial, y sus acciones fueron compradas con la ayuda del ex General Guillermo Letelier Skinner (quien posteriormente asumiría como director de la empresa, y posteriormente será procesado por el Caso Riggs), a través de la creación de la empresa «Pampa Calichera», creada exclusivamente con este fin.
En 1986, comienzan a venderse acciones de la empresa hacia las Administradoras de Fondo de Pensiones, adquiriendo un 42,61% de las acciones, en virtud del conocido Decreto Ley 3.500 que creó el Sistema de Pensiones de las AFPs. A principios de 1988 comienza a finiquitarse con el 13% restante, liquidando Soquimich S.A. en un 100% de sus acciones. Con esto, Corfo recibió una cantidad de US$ 118 millones aproximadamente, casi un tercio de las ganancias de SQM que obtiene durante el año, actualmente. Es decir, un regalo a costa del Estado a los grandes empresarios.
En tiempos de los gobiernos de la Concertación, la Contraloría General de la República afirmó que las acciones vendidas de SOQUIMICH entre 1983 y 1988 tenían un precio inferior a los estimados, y que sólo se ingresó al fisco el 29%, 53% y 39% de lo correspondiente a los años 1986, 1987 y 1988.
Así, la pérdida patrimonial del Estado con la privatización alcanzó a 261,9 millones de dólares.
Ponce Lerou, SQM, y la corrupción político-empresarial
Con la llegada de los gobiernos civiles, Ponce Lerou comienza a tener una extensa red de complicidades con el conglomerado gobernante y la derecha, llegando a nombrar en sus empresas a directores de altos cargos públicos en los gobiernos de la Concertación, como Alejandro Ferreiro (militante del Partido Demócrata Cristiano), quien fuera Superintendente de Valores y Seguros nombrado durante el Gobierno de Ricardo Lagos, y posteriormente Ministro de Economía durante el primer Gobierno de Michelle Bachelet, y luego Presidente del «Consejo para la Transparencia»; Cristián Leay, Diputado y jefe de bancada de la UDI; Hernán Büchi, Ministro de Hacienda de Pinochet, candidato presidencial de la derecha pinochetista en 1990 e integrante del Consejo Directivo de la Universidad del Desarrollo enlazada con la UDI; Patricio de Solminihac, hermano de Hernán Solminihac, Ministro de Minería durante el primer Gobierno de Piñera. La historia de SQM está fuertemente relacionada con los militares de la cúpula pinochetista, entre quienes varios estuvieron implicados en el «Caso Riggs». Y en el listado de directores de SQM, abundan los nombres vinculados al pinochetismo más duro, muchos de ellos militantes de la UDI.
Entre los hombres claves en los vínculos de Ponce Lerou con la Concertación, rol crucial jugó Osvaldo Puccio, militante del Partido Socialista, quien conoció a Ponce Lerou siendo embajador de Chile en Suiza mientras Ponce Lerou había viajado a ese país por una relación sentimental tras separarse de Verónica Pinochet. Puccio, además, se desempeñaba como encargado del Gobierno de Chile para los asuntos de energía nuclear, industria que está directamente relacionada con el Litio. El militante del PS estuvo en las reuniones claves en la política del segundo Gobierno de Bachelet, cuando estalló el «Caso SQM». Otra figura destacada en esta trama, es el también militante del Partido Socialista, Enrique Correa, quien desde su oficina de lobby y comunicaciones «Imaginacción Consultores» ha sido protagonista en los lazos de los gobiernos de la Concertación con el mundo empresarial, y uno de sus clientes fue precisamente SQM y Ponce Lerou. Complementa este cuadro, el ex Senador y ex Ministro de Economía del Gobierno de Patricio Aylwin, Carlos Ominami, también militante del Partido Socialista.
Esta red de contactos e influencias es parte de la trama del conocido y extendido caso de corrupción y financiamiento ilegal de la política que implicó a los partidos de la derecha hoy gobernante y de la ex Concertación, cerrado con un acuerdo de impunidad que implicó la renuncia forzada de los fiscales que llevaban la investigación (encabezada por los ex fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena), y la intervención directa del segundo Gobierno de Michelle Bachelet.
¿Qué pasó con el caso SQM? El pacto de impunidad de los gobiernos de Bachelet y Piñera
Rebobinemos. El «Caso SQM» partió por una hebra surgida a partir del «Caso Penta». Hugo Bravo, un funcionario del Grupo Penta, fue descubierto emitiendo boletas falsas y haciendo uso indebido del «FUT» (Fondo de Unidad Tributaria), mecanismo para descontar impuestos. Funcionarios del Servicio de Impuestos Internos se percataron de esto, y cayó la trama del caso Penta, una enorme trama de evasión de impuestos, que involucraba en su arista política, a personeros de la derecha principalmente de la UDI. Pero uno de los implicados del caso Penta, tenía también una boleta falsa emitida hacia SQM. De ahí, cayó una aún más enorme trama de corrupción política empresarial que esta vez implicaba transversalmente a partidos de la derecha pinochetista, y de la ex Concertación.
Durante el segundo Gobierno de Bachelet, altas autoridades del Gobierno comenzaron a cerrar las investigaciones y realizar presiones hacia el Servicio de Impuestos Internos. Cambiaron el «caiga quien caiga» que en un primer momento se dijo desde la vocería de Gobierno, comenzó a ser reemplazado por una política de «contención de daños» que apuntaba a cerrar los casos con el menor costo posible. El Gobierno de Bachelet decidió en el año 2015 renovar en sus funciones al Director del Servicio de Impuestos Internos, Michel Joratt, pero tras la presión suscitada por el caso SQM, fue reemplazado por Fernando Barraza.
Mientras tanto, cesaron al jefe de la División Jurídica del organismo, Cristián Vargas, quien estaba por la presentación de querellas a las y los políticos involucrados (Ver «Michel Jorratt reconoce presiones desde Interior en caso SQM»). Más tarde, Fernando Barraza, garante de la no presentación de querellas, fue mantenido en su cargo por Sebastián Piñera. Por otra parte, en el mismo año 2015, se nombró a Jorge Abott como Fiscal Nacional, quien se comprometió a que las investigaciones debían durar poco y ser acotadas, y que también se mantiene hasta este momento en su cargo. Finalmente, el Servicio de Impuestos Internos no presentó más querellas, y llevar estos asuntos a los organismos administrativos.
Se cerró así un verdadero pacto de impunidad sobre los casos de corrupción y complicidad político-empresarial, que tiene en lo sucedido con las acciones de Julio Ponce Lerou, una de sus más ilustrativas expresiones.
Más información sobre Ponce Lerou, en:
El rol de Ponce Lerou en la privatización de los recursos naturales, Izquierda Diario.
Julio Ponce Lerou. De empleado a multimillonario. ¿Cómo lo hizo? Su historia aquí. Kra Diario.
Entrevista a abogado querellante del «Caso Cascadas», Mauricio Daza, explicando estas operaciones (año 2013):
Video explicativo, «¿Qué es el Caso Cascadas»?
Entrevista al periodista Manuel Salazar, autor del libro «Todo sobre Ponce Lerou»: «Ponce Lerou fue el hijo que Pinochet no tuvo».
María Olivia Monckeberg sobre Julio Ponce Lerou:
Mauricio Daza, abogado del Caso Cascadas:
