Familiares de víctimas de la «Caravana de la Muerte» presentan querella contra autoridades de Gobierno de Eduardo Frei por acciones de encubrimiento a favor de Pinochet
Un grupo de familiares de víctimas de la Caravana de la Muerte interpuso este viernes una querella contra el Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, acusándolo de haber facilitado la impunidad de Augusto Pinochet. Los querellantes sostienen que la administración de Frei no solo conocía los crímenes del exdictador, sino que además lo asistió para evadir la justicia internacional, incluyendo la elaboración de un informe que le permitiría fingir demencia. «Ese gobierno se burló encima de todos los muertos y sus familiares», declaró una de las firmantes. ntre los citados en el libelo figuran los ex cancilleres José Miguel Insulza y Juan Gabriel Valdés (ambos del Partido Socialista), y el actual Ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno de Gabriel Boric, Alberto Van Klaveren.
A 51 años de la macabra gira militar que dejó decenas de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos en las primeras semanas de la larga dictadura civil-militar en Chile, los familiares de las víctimas denuncian que el Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle protegió al principal responsable, el dictador y general Augusto Pinochet, en el marco de la defensa que hizo el Gobierno de la Concertación a Pinochet poner fin a la detención en la clínica londinensa en 1998-1999.. La acción judicial, presentada por la abogada Karinna Fernández, se basa en las recientes revelaciones sobre la ayuda brindada por el Ejecutivo en ese entonces, cuando Pinochet estaba bajo pedido de extradición a España por crímenes de lesa humanidad en el juicio que llevaba el ex juez Baltasar Garzón.
Según lo expuesto en variadas notas periodísticas en el mes pasado, el Gobierno de Frei Ruiz-Tagle habría redactado un documento de unas diez páginas con instrucciones para que Pinochet simulara un deterioro mental. Así lo confirmó Cristián Toloza, exasesor de Frei, al investigador británico Philippe Sands en su libro Calle Londres 38. «Describía cómo debía ‘actuar’ Pinochet: tenía que decir que había pensado suicidarse, que tenía problemas de memoria, cosas irracionales y absurdas», relató Toloza.
Además, el exasesor reveló que viajó a Londres con un documento secreto de la Caravana de la Muerte, en el que Pinochet autorizaba expresamente la operación, con el fin de persuadir al Reino Unido de que sería juzgado en Chile. La querella sostiene que estos hechos «demuestran inequívocamente que los agentes estatales desplegaron un esfuerzo coordinado al más alto nivel político para sustraer al dictador de la justicia internacional, y posteriormente nacional».
«Ese gobierno se burló de la justicia, de todos los chilenos, se burló encima de todos los muertos y sus familiares», afirmó Angélica Palleras, una de las querellantes.
La detención en Londres y la estrategia de Frei
«¿Está seguro?». La incredulidad de José Miguel Insulza, entonces canciller, reflejó el impacto que causó la noticia del arresto de Pinochet el 16 de octubre de 1998 en una clínica londinense. Según narró en el libro «Calle Londres 38», esa misma noche conversó extensamente con Frei, quien se hallaba en Portugal junto al mandatario español José María Aznar. «Fue en ese momento que decidimos defender el derecho de Chile de hacer justicia», declaró Insulza.
Sin embargo, tras la orden del juez Baltasar Garzón, el Gobierno chileno optó por una estrategia para asegurar el regreso de Pinochet sin extradición a España. Cristián Toloza detalló que se negoció con el gobierno de Tony Blair bajo el argumento de que el exdictador sería juzgado en Chile. Para respaldar su excarcelación por motivos humanitarios, se elaboró el polémico informe médico. Finalmente, el ministro británico Jack Straw lo liberó en marzo del 2000, alegando demencia senil.
El regreso de Pinochet en silla de ruedas, solo para levantarse y abrazar al comandante Ricardo Izurieta, dejó una profunda herida en las víctimas. «Ni siquiera sentí dolor: sentí vergüenza», confesó Palleras. «Nunca había sentido una vergüenza tan profunda de mi país, de mi gente, del gobierno de Eduardo Frei».
Los crímenes de la Caravana de la Muerte
La operación, dirigida por el general Sergio Arellano Stark, dejó al menos 93 ejecutados. En Talca, Arellano reprendió al comandante Efraín Jaña Girón por la falta de detenidos: «¡Acaso no sabe que estamos en guerra!». La respuesta de Jaña quedó registrada en Los zarpazos del Puma de Patricia Verdugo: «No sé de qué guerra me habla, mi general».
En Copiapó, 13 prisioneros fueron masacrados. Un comunicado militar falsamente alegó un intento de fuga, pero la verdad fue descrita por Palleras, cuyo hermano Adolfo fue asesinado: «Los cortaron enteros con corvos, mazazos, cuchillos, punzones y yataganes. O sea, les destrozaron los cuerpos».
Un nuevo intento por la justicia en el marco de continuidad de Impunidad
La querella, presentada ante la ministra Paola Plaza, busca investigar el encubrimiento y la ocultación de documentos. Entre los citados en el libelo figuran los excancilleres José Miguel Insulza y Juan Gabriel Valdés (ambos del Partido Socialista), y el actual canciller del Gobierno de Gabriel Boric, Alberto Van Klaveren.
«Si ahora tenemos la oportunidad de hacer algo, una vez más, hay que hacerlo. Porque estamos moralmente comprometidos», sostuvo Palleras. Por su parte, Rosita Silva, hija de una víctima, afirmó: «Tengo 65 años, y no pierdo la esperanza de, antes de morirme, tener un rayito de luz, de justicia».
Insulza, en diálogo con Radio Biobío, negó conocimiento del informe médico: «Si hubiese existido, se hizo a espaldas del gobierno chileno». Mientras, desde el entorno de Frei señalaron que no se pronunciaría por estar fuera del país.
Este nuevo capítulo judicial reabre las heridas de un pasado que aún espera justicia.
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