Senado aprueba la remoción del Ministro de la Corte Suprema Sergio Muñoz en operación de «empate» con la destitución de la ministra Ángela Vivanco
En una operación de «empate» tras la destitución de la Ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, de abiertas y públicas relaciones con la derecha piñerista y «Chile Vamos», este miércoles el Senado aprobó la acusación constitucional contra el ministro Sergio Muñoz Gajardo, juez que se ha caracterizado por liderar sentencias en un sentido favorable para los derechos de las y los trabajadores, los derechos ambientales, y el enfrentamiento con intereses privados como las Isapres, y con el propio pinochetismo, en causas de violaciones a derechos humanos bajo la dictadura y en el conocido «Caso Riggs».
Esto en un polémico e irregular proceso, en el que en la Cámara de Diputadas y Diputados el oficialismo presentó una acusación que «se cayó» por problemas de forma y en la presentación, con error en la cita de las normas pertinentes y referencias a Andrés Chadwick, en un aparente «copiar pegar» que no fue corregido en el escrito presentado.
Debido a esto, se votó entonces la acusación presentada por la derecha de «Chile Vamos», en la que las acusaciones a Sergio Muñoz y a Ángela Vivanco iban unidas, razón por lo que se votaron en conjunto, con los votos favorables de varios parlamentarios del actual Gobierno. Sólo en el Senado se volvieron a separar, tratándose de hechos completamente distintos. Numerosas voces plantearon la infracción a reglas básicas del debido proceso al votarse ambas acusaciones en conjunto en esas circunstancias.
Sin embargo, y a pesar de la mencionada mayoría oficialista en la Cámara de Diputadas y Diputados, y de la presidencia en ella de la diputada del Partido Comunista, Karol Cariola, no se «atajó» esta irregular situación en la que se votaron dos acusaciones constitucionales de manera conjunta aún cuando se tratase de hechos completamente distintos. Incluso, la propia Karol Cariola votó a favor de la acusación contra Sergio Muñoz y Ángela Vivanco, al igual que muchos diputados oficialistas, como el PS Daniel Manoucheri para citar a una referencia de otro partido. La anómala situación se convirtió así en un enorme triunfo de las derechas opositoras, que a pesar de que son minoría en la Cámara de Diputadas y Diputados, lograron sumar muchos votos del oficialismo para hacer caer a Sergio Muñoz.
Esta irregularidad, con el correr de los días, se vio agravada además por el hecho de que la ministra Ángela Vivanco fue removida por el propio Pleno de la Corte Suprema. Es decir, ya no era necesaria la Acusación Constitucional para su remoción del cargo de ministra del máximo tribunal del país. En conclusión, el único efecto de las acusaciones constitucionales que se abrieron paso en el Congreso, fue facilitar la remoción del ministro Sergio Muñoz, un objetivo deseado por las derechas que obtuvieron a pesar de la enorme crisis de credibilidad a partir de las develaciones de mensajería de su operador político y judicial Luis Hermosilla.
En el Senado, para la aprobación de los dos capítulos de la acusación, esta vez presentada por abandono de deberes y por dar información privilegiada, se requería el voto favorable de 25 senadoras y senadores, pues la senadora de RN Paulina Núñez consiguió un permiso por viaje al extranjero. En esta ocasión, «Chile Vamos» contó con el voto adicional del independiente Karim Bianchi, lo que le dio muy temprano la mayoría necesaria para la remoción.
Como Ministro Presidente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, Sergio Muñoz se ganó la animadversión de sectores empresariales y de la derecha, al encabezar ciertas interpretaciones jurídicas que lograron ser establecidas en sentencias, y que entre otras materias, pusieron freno a las alzas unilaterales en el costo de los planes de las ISAPRES, extendieron la aplicación de la acción de tutela laboral hacia las y los trabajadores públicos, ampliaron las garantías de estabilidad para los trabajadores a honorarios y a contrata en el sector público y las sanciones a despidos injustificados también en el sector privado, y pusieron límite a proyectos extractivos con amenazas al medio ambiente. Sergio Muñoz también investigó el bullado «Caso Riggs» acerca de las cuentas bancarias bajo nombre «Daniel López» de Augusto Pinochet, y casos referenciales de derechos humanos, como el asesinato del dirigente sindical Tucapel Jiménez.
Entre los motivos declarados de su remoción, se han presentado dos situaciones relacionadas con su hija, la Jueza de Garantía Graciel Muñoz, que fue advertida ejerciendo su cargo desde Italia, y que tenía intereses en un proyecto inmobiliario que tenía una causa donde Sergio Muñoz participó en la votación para su sentencia. En esto último, se le acusa de filtrar una sentencia a su hija, en lo cual la única prueba es una declaración jurada notarial de una empleada de una inmobiliaria que era parte interesada en el juicio.
El conjunto de anomalías fue tal, que incluso juristas de derechas han reconocido las infracciones al debido proceso en el caso. Entre otras voces, a continuación la opinión de Marisol Peña, ex presidenta del Tribunal Constitucional entre 2013 y 2014, vinculada con la derecha y hoy académica de la Universidad del Desarrollo (históricamente salida del núcleo de la UDI):
Entretanto, también hoy, la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó la acusación constitucional contra el Ministro Jean Pierre Matus, gracias a la abstención, inasistencia, e incluso un voto en contra de la acusación entre las bancadas del oficialismo:
