Las oscuridades de la «Lista del Apruebo» en el caso de Felipe Harboe: Perfil represivo, negación de asesinato de Matías Catrileo, y lazos con SQM y Grupo Angelini
En una nota anterior hacíamos un detalle de la trayectoria de René Cortázar, candidato a la Convención Constitucional por la «Lista del Apruebo», integrada básicamente por los partidos de la ex Concertación, mostrando los antecedentes que lo ponen muy lejos de las demandas y los anhelos mayoritarios expresados en la revuelta popular de octubre del 2019 en adelante.
La cuestión no es menor, teniendo en cuenta que se tratará de una votación bajo un sistema electoral en el que, tal como ocurre en las elecciones parlamentarias, los votos a las candidaturas se suman a sus respectivas listas, decidiéndose quién entra o no a la Convención, a partir de qué listas tendrán más votos en cada distrito.
Esta vez, apuntamos a otra candidatura de este tipo: Se trata de Felipe Harboe Bascuñán, militante del PPD y candidato a la Convención Constitucional de la «Lista del Apruebo» por el Distrito 19, Región del Ñuble: las comunas de Cobquecura, Bulnes, Coihueco, San Carlos, Yungay, Quillón, Chillán, Chillán Viejo, Coelemu, El Carmen, Pemuco, Ninhue, Ñiquen, Pinto, Portezuelo, San Ignacio, San Nicolás, Quirihue, Ránquil, San Fabián, Trehuaco.
Partir recordando que Harboe era senador hasta enero de este año, renunciando al cargo que tenía desde el año 2014, por la circunscripción de Biobío Cordillera. Antes de eso, había sido diputado por Santiago Centro, desde el año 2009. Durante el primer gobierno de Bachelet, se desempeñó como Subsecretario del Interior, y antes, bajo la presidencia de Ricardo Lagos, como Subsecretario de Carabineros.
Desde ese cargo, es recordada su defensa del operativo policial que terminó con la muerte del joven comunero mapuche, Matías Catrileo Quezada.
Felipe Harboe «el sheriff»
Su carrera política ha estado siempre centrado en temas de seguridad y orden público. De ahí el apodo de «sheriff» que se ganó en los círculos políticos. Desde sus distintos cargos, ha estado prácticamente siempre alineado con las políticas impulsadas por las derechas más duras en estas materias.
Su participación legislativa de cuenta de ello. Fue un actor central en la aprobación de la reposición de un tipo de «control de identidad preventivo» que la ciudadanía y la opinión pública catalogaron, con fundadas razones, una nueva «detención por sospecha», la triste institución instaurada y practicada masivamente por la Dictadura («Detención por sospecha aprobada: El perfil del «sheriff» PPD Felipe Harboe», El Desconcierto, «La funa en redes contra el «sheriff» Felipe Harboe por votar a favor del control de identidad», ). En estos temas, su asociación con el diputado y luego senador de RN, Alberto Espina (de quien hoy consta su participación en escuchas ilegales contra periodistas y encubrir casos de corrupción en el Ejército), no es algo menor: Se trata de dos parlamentarios embanderados con los temas de seguridad, y en especial, con un perfil punitivista y criminalizador de grupos vulnerables y la movilización popular.
En esta defensa de las políticas punitivistas del Estado, Harboe también defendió la «mano dura» y la represión en los tiempos del primer gobierno de Sebastián Piñera. De hecho, fue uno de los diputados «de oposición» que salvaron al entonces Ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter de la Acusación Constitucional que se había interpuesto en el Congreso («Las siete vidas del sheriff: Hinzpeter otra vez se salvó de acusación constitucional», The Clinic). Hinzpeter, como es recordado, encabezó la brutal represión contra las movilizaciones sociales del 2011 y años siguientes, e impulsó una agenda legislativa, conocida como la «Ley Hinzpeter», que logró ser frenada por la presión ciudadana, pero que de todas formas terminó aprobándose, en parte, posteriormente (entre ello, la mencionada ley de control de identidad).
En el caso de Harboe, basta con recordar que estando a cargo de la Subsecretaría del Interior, calificó de «enfrentamiento» los hechos que ocasionaron la muerte del joven comunero mapuche, Matías Catrileo Quezada.
Harboe y la trama de corrupción política y empresarial
Conocido su perfil político, no resulta sorprendente el apoyo financiero de los granedes grupos empresariales del país, al hoy candidato de la «Lista del Apruebo». El nombre Harboe, de hecho, aparece como uno de los parlamentarios más beneficiados del mundo de la ex Concertación de las donaciones ilegales provenientes del mundo privado.
Entre sus donantes principales, develados en las investigaciones que en su momento cayeron sobre todo el arco político de la derecha y la Concertación, hay que señalar a las empresas del Grupo Angelini, Copec y Celulosa Arauco. También a Corpesca, siendo uno de los tantos que votó a favor de la polémica y corrupta «Ley de Pesca» («Grupo Angelini, Endesa y Aguas Andinas: así se selló la impunidad para tres poderosas fuentes de dinero político ilegal», «Las pruebas que identifican a los políticos que recibieron $2.250 millones del Grupo Angelini», «La lista que el mundo político quería enterrar: los involucrados en platas ilegales que figuran en los Tribunales Tributarios», Ciper Chile).
En otra arista de su participación en prácticas de corrupción, Harboe fue descubierto en el año 2015 marco de las investigaciones por los casos Caval y SQM, pagando servicios por 60 millones de pesos a Juan Pablo Vega Campos, quien, además, se desempeñaba prestando servicios a honorarios en la Subsecretaría de Economía, donde Katia Trusich Ortíz, esposa del Senador Harboe, era subsecretaria («La factura por 60 millones de pesos que le cuestionan al Senador Felipe Harboe», El Dínamo). Su esposa se caracteriza también por el salto de cargos en el Estado hacia el mundo empresarial con facilidad: Tras ser Subsecretaria de Economía en el segundo gobierno de Bachelet, pasó a la Compañía General de Electricidad (CGE), una empresa regulada precisamente por tal ministerio («Puerta giratoria público-privada: llegada de ex subsecretaria de Economía, Katia Trusich, a CGE genera ruido en el ministerio», El Mostrador) .
Dado todo este perfil, no es casual su rol de articulador con las derechas, y en la época más reciente, como uno de los impulsores del llamado «Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución» del 15 de noviembre de 2019. De hecho, en las semanas posteriores, Harboe estuvo en conversaciones con el gobierno y otras dirigencias de la ex Concertación, para un nuevo acuerdo, esta vez, llamado tentativamente, «“Acuerdo por la Paz, la Democracia y contra la Violencia” («Buscando nuevo acuerdo: La Moneda intenta amarrar pacto «por la Paz» en medio de dudas por proyecto de FF.AA», Fundación Paz Ciudadana, 15 de noviembre de 2019).
Tampoco extraña su aparición en temas del conflicto entre el Estado de Chile y el Pueblo Mapuche, conociendo su paso como Senador por la Región del Biobío, su inclinación por temas de seguridad, y sus vínculos con Celulosa Arauco. De hecho, recientemente, y con ocasión del ataque que sufrió el equipo de TVN tras una reunión de coordinación de entrevista con el referente de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul, las Comunidades Lavkenche apuntaron a Santos Reinao como culpable de los hechos y parte central de los vínculos con las forestales, siendo Santos Reinao un militante PPD y estrecho colaborador de Felipe Harboe. Resulta importante señalar que la empresa Forestal Mininco, parte de las Empresas CMPC (Grupo Matte), reconocieron tener un vínculo laboral con Santos Reinao.
Santos Reinao, también militante PPD, es también candidato a la Convención Constitucional en la competencia por los escaños reservados a pueblos indígenas.
En suma, todo lo que no queremos en la política de nuestro país, y por lo pronto, en la Convención Constitucional. Recordar e insistir en apoyar a las fuerzas representativas de la revuelta popular y la impugnación del modelo neoliberal y oligárquico que padecemos hace décadas en Chile.
También, últimamente, se ha manifestado contrario al proyecto de Indulto General promovido por parlamentarios en el Congreso, que en su opinión, sería «Una señal de que el fin justifica los medios y que la violencia es una forma legítima de plantear reivindicaciones. A mí no me parece que sea constitutivo de un elemento básico de la democracia (…) Los líderes políticos estamos para hacer lo que es correcto para el país, y no necesariamente lo que es popular, no necesariamente lo popular conversa con lo correcto” («La violencia no puede ser justificada”: la dura crítica de Harboe al proyecto de indultos»).
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